La antesala de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil sacó a flote pulsiones y fuerzas que habían estado contenidas o invisibles en el espectro de relaciones sociales y mediáticas del país. Animados por el discurso de odio del ultraderechista Jair Bolsonaro, sentimientos y posiciones que se tenían por “superadas” salieron del armario haciendo fiesta: intimidación, acoso, xenofobia, discursos de odio, racismo, homofobia, misoginia, nazismo, fascismo, apología de la tortura y de la muerte… Fin de la hipocresía democrática.
El viernes 26 de octubre, mientras celebrábamos el cierre del 10mo Seminario Brasilero en Teoría e Historia de la Historiografía en uno de los campos de la Universidad Federal de Ouro Preto (UFOP) en la ciudad de Mariana, nos informaron que un grupo de estudiantes de Derecho de la UFOP estaba siendo sitiado por la Policía Militar por el hecho de haber colocado dentro de las instalaciones universitarias una pancarta contra el retorno de la dictadura. Ese mismo día, durante la plenaria del evento, fuimos informadxs de que varixs profesorxs y colegas fueron amenazadxs, atacadxs por estudiantes afines a Bolsonaro y/o denunciadxs ante los organismos de seguridad del Estado por sus posiciones políticas e ideológicas. Desde que se conocieron los resultados de la primera vuelta electoral, las agresiones han ido creciendo. En Salvador de Bahía, el 8 de octubre, el maestro capoeirista Moa do Katendê fue asesinado por un fanático bolsonarista solo por haber criticado al candidato ultraderechista. Por la noche, hombres neo-nazistas atacaron a una joven marcando su piel con la cruz esvástica, solo porque vestía una franela con la frase ELE NÃO. En los días siguientes, la joven transexual Laysa Fortuna fue asesinada por un fanático conservador afín a Bolsonaro. Estudiantes universitarixs han sido atacadxs en diversas ciudades por su afinidad con movimientos y organizaciones sociales de izquierda.
Tiempos oscuros se anuncian en Brasil. Con 57,7 millones de votos (55,1 %), el pasado domingo 28 el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro (PSL) conquistó el triunfo como Presidente de la República en la segunda vuelta de una de las elecciones más polémicas y manipuladas en los últimos años. Mientras, el centro-izquierdista Fernando Haddad (PT) obtuvo un total 47 millones de votos (44,9%), quedando 10 puntos por debajo en el total de los votos válidos. Para muchxs, la batalla electoral no fue apenas una contienda entre candidatxs de dos partidos con sus respectivos programas de gobierno, sino la disputa entre la preservación del marco democrático, por un lado, y el avance de un proyecto abiertamente autoritario, xenofóbico, misógino, homofóbico, racista y ultraneoliberal, que bien puede tildarse de fascista, por el otro. Mientras Haddad representó la defensa de las garantías democráticas y de las conquistas sociales, políticas y económicas, Bolsonaro capitalizó el discurso de la “anticorrupción”, el anticomunismo, el antiabortismo, la seguridad, el racismo y la defensa de la “familia”.
Los resultados expresan un ascenso importante y peligroso del neoconservadurismo, el ultraneoliberalismo y el patriarcado, cuya legitimidad parece respaldada por la mayoría de la población brasileña. Las apariencias esconden, sin embargo, un dato no subestimable: el 30% de lxs electorxs optó por abstenerse (21,3%), votar nulo (7,4%) o votar blanco (2,1%). Teniendo en cuenta el carácter obligatorio del ejercicio del voto en Brasil, estamos hablando de un número significativo que pudo haber cambiado el resultado electoral y que, además, nos lleva a poner en cuestión la idea según la cual este cuenta con el respaldo de más de la mitad de la población brasileña. Dicho esto, no desconocemos el preocupante despliegue del espíritu de odio, misoginia, homofobia y racismo que, junto con la proscripción de la candidatura del expresidente Lula y el entramado de alianzas entre los grandes medios, el poder judicial y los grandes poderes económicos, llevaron al poder al candidato ultraderechista.
Con el carácter plebiscitario de las elecciones, algunxs consideraron que quienes optaron por la abstención, el voto nulo o el voto blanco se lavaron las manos frente a lo que estaba en juego. Sin embargo, para este 30% las dos opciones electorales estaban en el mismo nivel de rechazo, de modo que la opción electoral no plebiscitaria les permitió manifestar su descontento contra la corrupción, contra las medidas de aumento de pasaje y la ley antiterrorista implementadas por el gobierno del Partido de los Trabajadores, así como su inmovilismo ante el empeachment golpista de 2016 contra la presidenta Dilma Roussef. Se abstuvieron porque, más allá del candidato, votar contra Bolsonaro implicaba votar por un PT que había decepcionado a la derecha e izquierda parlamentarias con políticas aparentemente “mesuradas” que evitaron el enfrentamiento en las calles a las últimas medidas contra los derechos laborales aprobadas e implementadas durante el gobierno golpista de Temer.
La señora Victoria fue una de los varios millones de personas que engrosó ese 30%. Nunca había votado y esta vez tampoco lo haría. Para ella, el “estado de excepción” (autoritarismo, racismo, violencia, represión…) que se impondría bajo un gobierno de Bolsonaro constituía la regla de una cotidianidad que, hasta ahora y según ella, se había mantenido invisible para la cotidianidad “central” de la vida democrática en Brasil. Respondiéndole a unxs estudiantes que andaban militando puerta a puerta para intentar revertir la tendencia a favor de Bolsonaro, expresó: “Quién sabe si con universitarios desapareciendo, periodistas siendo torturados, hijos de rico apareciendo morados y flotando en un río, eso comience a ser discutido de verdad y ahí, quién sabe, si tenemos suerte, nuestra vida entre en esa discusión, porque hasta ahora solo entró para servirles a ustedes (…). Yo perdí a mi hijo de 14 años, joven, con un tiro de fusil en la cabeza. Estaba con el uniforme de la escuela y una mochila”.
Las medidas más antipopulares implementadas durante los dos años del gobierno de facto de Michel Temer son aquellas que limitan los derechos laborales y el gasto público. De hecho, por 20 años en Brasil no podrán incrementarse gastos públicos; es decir, los gastos en educación, salud, cultura, administración tendrán recortes de hecho, impidiendo la investigación universitaria, la educación primaria, mientras los salarios de parlamentarios y jueces aumenta. Esta es la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) para determinar un techo presupuestario a la inversión pública. Si bien es una medida del gobierno golpista de Temer, Bolsonaro promete mantenerla y hasta profundizarla. Frente a estas políticas de recorte y desmejora de beneficios y derechos sociales, el PT optó por una estrategia parlamentaria, sin llevar adelante una política de agitación y de consulta popular que permitiese frenar la medida mediante la presión de calle.
Las políticas mediáticas del gobierno golpista, en alianza con el Tribunal Superior de Justicia, enfocaron la atención hacia una política armamentista de seguridad contra la violencia en un país que, con 209.000.000 habitantes, mantiene una media de homicidios de 4250 por mes y, simultáneamente, llevaron adelante la condena de Lula por corrupción así como su proscripción como candidato presidencial, potenciando aún más y con fuerza la imagen de descomposición del PT.
Si bien Bolsonaro gana las elecciones con más de la mitad de los votos válidos, no es todo Brasil el que vota a favor de sus políticas familistas, ultraneoliberales y conservadoras. Los resultados electorales expresan y ratifican la misma división territorial con la que es gestionada y distribuida la desigualdad social y económica del país.
Bolsonaro obtiene sus votos fundamentalmente del Sur (Paraná, Santa Catarina y Río Grande del Sur), el Sudeste (Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais y Espíritu Santo) y el Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul y Mato Grosso), regiones en las que se concentra el mayor índice de ingreso per-cápita de Brasil y donde se encuentran los principales centros urbanos, agropecuarios, silvícolas y mineros. Pero también los obtiene de algunos estados de la zona Norte (Roraima, Acre, Rondonia y Pará), estados en los que habitan comunidades indígenas, se concentran las más importantes reservas ambientales y donde el capital invierte fuertemente en la agricultura extensiva de monocultivo, la ganadería y la minería, todas ellas perjudiciales para la conservación de los territorios y la sobrevivencia de los pueblos indígenas, amenazando directamente la Amazonía. En el norte, Bolsonaro gana utilizando un discurso xenófobo para incrementar el rechazo a la migración venezolana, a la que desde agosto pasado quiere encerrar en un campo de refugiados. Bolsonaro ha pedido revocar la ley de migración, una de las más avanzadas del mundo, según especialistas de la ONU, sosteniendo enfáticamente que Brasil no puede ser un país de fronteras abiertas.
En cambio, Haddad gana en el Nordeste (Bahía, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Río Grande del Norte y Paraíba) y en algunos estados del Norte (Amazonas, Amapá, Tocantin), una región históricamente excluida de las políticas sociales y económicas de Brasil.
El mapa electoral muestra, así, la desigualdad estructural sobre la cual se erigen estos dos Brasil-es. El Nordeste, la tercera región más extensa de Brasil y la segunda con mayor densidad poblacional, contiene en su territorio una alta población negra e indígena y es considerada una de las regiones más pobres del país, con mayores niveles de desigualdad y de analfabetismo. Sus niveles de pobreza tienen sus orígenes en la Colonia. De sustentar la economía brasilera con la exportación del azúcar, el polo económico nordestino fue desplazado, en un primer momento, por el mercado del oro y, posteriormente, por el mercado cafetalero, ambos mercados ubicados en la región del Sudeste. Pero fue el salto industrial desplegado en el Sudeste –con mano de obra fundamentalmente nordestina– durante las primeras décadas del siglo XX, el que terminó de consolidar el abandono social y económico hacia el Nordeste, que solo fue parcialmente revertido a partir del gobierno de Lula, quien llevó adelante políticas de asistencia social que consiguieron mejorar la calidad de vida del pueblo pobre nordestino.
El racismo brasileño, que había estado escondido bajo el manto de la “democracia racial”, salió del closet, mostrando un país profundamente dividido, desigual y violento. Las políticas de cotas raciales, que intentan aminorar los índices de desigualdad en el ingreso a la educación pública universitaria, han sido cuestionadas y su derogación forma parte de las promesas del nuevo presidente electo.
En su discurso, Bolsonaro deja bien clara su política antindigenista: “ni un solo milímetro” de tierra para las comunidades indígenas, cuyas nacionalidades rondan aproximadamente las 380. La negación de los derechos ancestrales y territoriales de las poblaciones indígenas le garantiza el apoyo de los expansivos ganaderos y talamontes del norte, porque implica echar para atrás las políticas de demarcación de tierras indígenas y su inviolabilidad por parte de empresas ecocidas y mineras.
Políticas contra los derechos laborales, que ya vienen siendo implementadas por el gobierno golpista de Michel Temer con la Reforma Trabalhista y la Propuesta de Enmienda Constitucional que congela el gasto público por 20 años, son parte del paquete programático del futuro gobierno de Bolsonaro.
Del lado de las fuerzas democráticas, la resaca poselectoral viene impregnada con una fuerte carga de tristeza, miedo y desesperanza, y no es para menos. A tres días de los resultados electorales, las fuerzas conservadoras, patriarcales y ultraneoliberales representadas en la imagen del nuevo presidente electo comienzan a tomar posiciones en el ajedrez político, social y administrativo del país. La madrugada del pasado lunes 29 de octubre fueron incendiados una escuela y un puesto de salud en la aldea Bem Querer de Baixo, perteneciente al territorio indígena de los Pankararus del estado de Pernambuco. Bolsonaro y Temer se reunirán la primera semana de noviembre para intentar aprobar este mismo año la Reforma de la Providencia con la cual se pretende, entre otras cosas, eliminar las jubilaciones de lxs trabajadorxs; asimismo, el presidente electo anunció la fusión del Ministerio de Agricultura con el Ministerio del Ambiente, dando claras señales de su compromiso ecocida con el gran capital. Con una política de caza de brujas, el propio Bolsonaro, junto con la diputada catarinense Ana Carolina Campagnolo, convidó a lxs estudiantes a filmar y denunciar a lxs docentes que estuviesen usando las aulas de clase para “adoctrinar”, y justo hoy se debate en la Cámara de diputados el proyecto de ley llamado “escuela sin partido”, con el cual se pretende cercenar la libertad de cátedra y de pensamiento que ha prevalecido en los espacios de formación y educación.
Sin embargo, otros espíritus, sentimientos, actitudes y fuerzas se movilizan. El día 30 de octubre en la avenida Paulista de la ciudad de São Paulo, gracias a una convocatoria realizada por el Frente Pueblo sin Miedo, miles de personas se movilizaron para manifestar su determinación a luchar contra el avance del fascismo en Brasil. El lunes 29, en la Universidad de São Paulo, cientos de estudiantes y profesorxs realizaron una marcha para hacer frente al acto de celebración de los resultados electorales convocado por estudiantes afines al ultraderechista Bolsonaro. El mismo lunes, a un día de la segunda vuelta electoral, se conforma una Plenaria de Resistencia Antifascista en Río de Janeiro que reúne miles de trabajadorxs, jóvenes y estudiantes.
Frente a los tiempos oscuros que se anuncian con el ascenso del fascismo, el neoconservadurismo y el ultraneoliberalismo bajo un gobierno de Bolsonaro, las fuerzas democráticas, antipatriarcales, antifascistas, antirracistas, feministas y anticapitalistas se manifiestan en los espacios públicos. Se vienen tiempos de reinvenciones.
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